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El Consejo de la Judicatura enfrenta uno de sus momentos más tensos. Mario Godoy ya compareció ante el Pleno de la Asamblea por denuncias de presuntas presiones a jueces y ahora el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tratará si califica o no el pedido de juicio político en su contra.
Edison Guarango explicó que el Consejo de la Judicatura cumple funciones administrativas que permiten que los jueces ejecuten la labor sustantiva de administrar justicia. Señaló que la institución organiza concursos, gestiona el presupuesto, estructura la carrera judicial y dirige la administración del talento humano para jueces y funcionarios. Estas tareas incluyen sostener infraestructura, presupuestos, logística y servicios para que los despachos judiciales operen.
El abogado constitucionalista precisó que la Judicatura no dicta sentencias, sino que sostiene las condiciones para que el sistema funcione.
Entre sus atribuciones están las establecidas en la Constitución, como ejecutar políticas judiciales, administrar la carrera de la función judicial, organizar concursos, capacitar operadores de justicia y manejar las áreas jurídicas, financieras y operativas vinculadas al sistema. El objetivo, según explicó, es separar el ejercicio jurisdiccional de las tareas de gestión interna.
Para José Cárdenas, el Consejo de la Judicatura atraviesa desafíos en independencia interna y externa, administración y transparencia. Indicó que la institución debe garantizar que los jueces ejerzan sin presiones, tanto desde actores políticos como desde niveles jerárquicos dentro de la propia Función Judicial. Relacionó estos riesgos con denuncias recientes que involucran a funcionarios y decisiones disciplinarias.
El abogado penalista señaló además dificultades operativas y de gestión, como falta de presupuesto, infraestructura deficiente, carencias tecnológicas y demoras en evaluaciones y concursos./El Comercio
