CONTROL
La explotación ilegal de recursos naturales continúa siendo una problemática en la provincia de Chimborazo. Esta vez, una intervención militar ejecutada en la parroquia rural Cubijíes, en el cantón Riobamba, permitió desarticular una mina clandestina dedicada a la extracción de material pétreo, actividad que se desarrollaba al margen de la normativa legal y que representaba una seria amenaza para el equilibrio ambiental, el ordenamiento territorial y la seguridad de las comunidades cercanas.
El operativo se llevó a cabo este 29 de diciembre, en el sector Cerro Negro, una zona de difícil acceso donde, según información de inteligencia y alertas previas, se estaría desarrollando actividad minera ilegal de manera sostenida. El despliegue de personal del Ejército Ecuatoriano interrumpió la aparente tranquilidad del lugar y evidenció una vez más, cómo este tipo de prácticas ilícitas se infiltran silenciosamente en sectores rurales, aprovechando la geografía y la limitada vigilancia permanente.
La intervención fue ejecutada por efectivos de la Brigada de Caballería Blindada N.º 11 “Galápagos”, como parte de las acciones de control y seguridad que las Fuerzas Armadas realizan en apoyo a las instituciones del Estado encargadas de regular la actividad minera y proteger los recursos naturales.
Bajo estrictos protocolos de seguridad y en el marco de una operación planificada, los uniformados procedieron al reconocimiento del área, constatando la existencia de infraestructura destinada a la extracción ilegal de material pétreo. Durante la inspección, el personal militar verificó que la mina no contaba con ningún tipo de autorización otorgada por las autoridades competentes. La explotación de material pétreo sin permisos constituye no solo una infracción administrativa y penal, sino también un grave atentado contra el ambiente.
Este tipo de actividades altera la estructura del suelo, afecta la estabilidad de los terrenos, modifica cauces naturales y provoca un deterioro progresivo del ecosistema, cuyos efectos suelen manifestarse a mediano y largo plazo. Además del impacto ambiental, la minería ilegal representa un riesgo para la seguridad de las personas que habitan en las zonas aledañas, debido a la falta de medidas técnicas, controles y estudios de impacto que garanticen una explotación responsable.
En muchos casos, estas operaciones clandestinas generan conflictos sociales, degradación del paisaje y pérdida de recursos que deberían ser aprovechados de forma sostenible y legal. Una vez confirmada la ilegalidad de la operación, las Fuerzas Armadas procedieron a la destrucción total de la infraestructura utilizada para la extracción del material pétreo, con el objetivo de impedir la continuidad de esta actividad ilícita. La intervención se realizó conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con las entidades competentes, garantizando el respeto al marco legal vigente.
