Exgerente de la EERSA cuestiona fiscalización al 2024

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FISCALIZACIÓN


El exgerente de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) cuestiona el pedido de un examen especial correspondiente al año 2024, al considerar que carece de sustento técnico y responde a intereses ajenos a la gestión institucional. Además, alerta sobre la conformación de un fideicomiso por USD 36 millones que, según advierte, podría comprometer la autonomía administrativa y financiera de la empresa eléctrica, así como poner en riesgo los intereses estratégicos de la provincia de Chimborazo.

Exgerente de la EERSA cuestiona el examen especial y alerta sobre un fideicomiso millonario.

Patricio Lalama, exgerente de la Empresa Eléctrica Riobamba (EERSA), reaccionó ante la solicitud presentada por los asambleístas Kevin Gallardo y Mishel Mancheno para que la Contraloría General del Estado realice un examen especial a la gestión correspondiente al año 2024, periodo en el que estuvo al frente de la entidad. Lalama calificó esta acción como una “cortina de humo” y sostuvo que responde a intereses políticos antes que a un verdadero afán de fiscalización. A su criterio, se trataría de una estrategia para desviar la atención pública y evitar el debate sobre decisiones de fondo que afectarían directamente a la provincia de Chimborazo.

Según el exfuncionario, en paralelo al pedido de auditoría, se estaría impulsando un cambio estructural de alto impacto: la contratación de una empresa fiduciaria que administraría aproximadamente 36 millones de dólares, equivalentes a los ingresos anuales de la EERSA. Lalama advirtió que este fideicomiso permitiría al Gobierno ejercer control total sobre la empresa, dejando en segundo plano a los accionistas legítimos, entre ellos la Prefectura de Chimborazo y los municipios que conforman el directorio.

“Con este mecanismo, las decisiones ya no pasarían por la empresa ni por sus accionistas, sino por la fiduciaria”, afirmó. El exgerente sostuvo que el verdadero objetivo de esta figura financiera sería asegurar el pago a empresas privadas dedicadas a la generación y transporte de energía. Sin embargo, alertó que este esquema priorizaría los intereses de grandes consorcios energéticos, relegando la inversión local”, indicó Lalama.

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