SUSPENSIÓN
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Altares, prevista para este 4 de diciembre, no llegó a instalarse pese a la presencia de varios de los investigados en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. La diligencia, considerada clave para definir la situación jurídica de nueve procesados por presunta asociación ilícita, fue suspendida sin que, hasta el cierre de esta edición, las autoridades emitieran un pronunciamiento oficial que detalle las razones de la postergación o establezca una nueva fecha para su realización.
A las 09h30, hora fijada en la convocatoria judicial, los asistentes esperaban el inicio de la audiencia en el auditorio principal, ubicado en el edificio de la Corte en la intersección de Primera Constituyente y Pichincha, en Riobamba. Sin embargo, la escena distaba de la habitual para una diligencia de esta magnitud: no había resguardo policial, ni movimientos extraordinarios en los accesos, y la jornada transcurría con la rutina normal de cualquier día laboral.
Para varios de los asistentes, esa ausencia de seguridad que en convocatorias anteriores había sido anunciada como obligatoria se convirtió en el primer indicio evidente de que la audiencia no llegaría a instalarse. Pero la expectativa se transformó pronto en desconcierto. Minutos antes de la hora señalada, según confirmaron fuentes cercanas al proceso, circuló la información de que un oficio remitido la tarde anterior habría solicitado la cancelación inmediata de la audiencia, impidiendo su instalación. Funcionarios judiciales y abogados presentes se retiraron del recinto sin una explicación formal por parte de la Corte Provincial.
La audiencia del 4 de diciembre no era un trámite más. Su convocatoria, emitida el 25 de noviembre y firmada por la presidenta de la Corte Provincial, Beatriz Arellano, respondía a la necesidad de destrabar un expediente que llevaba semanas detenido y sujeto a múltiples solicitudes, insistencias y objeciones. En el expediente constan pedidos de los procesados Ramiro V, Jhon V, así como un escrito de Rafael Q, quien expresó formalmente su interés en que el procedimiento avanzara. A ello se sumó un requerimiento clave del fiscal provincial de Fuero 1, Galo Romero, quien instó a fijar día y hora para retomar la sustanciación del caso 06100-2025-00001G.
Con estos antecedentes, la Corte agendó la diligencia y ordenó a la secretaria relatora, Adriana Fiallos, efectuar las notificaciones sin retrasos a todos los sujetos procesales, incluidas casillas electrónicas y direcciones judiciales. La suspensión inesperada profundiza la incertidumbre que pesa sobre el caso Altares, un proceso que, desde su inicio, ha estado rodeado de tensiones internas, solicitudes cruzadas de las partes y episodios de estancamiento procesal. Aunque algunos procesados han exigido celeridad y transparencia, otros han presentado impugnaciones y cuestionamientos formales que han ralentizado los avances. La falta de información oficial sobre la nueva fecha agrava el panorama.
Lo que debía ocurrir en esta diligencia era trascendental para el futuro del caso. La Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio estaba llamada a convertirse en el momento en que el tribunal determinara si los elementos reunidos por la Fiscalía justificaban avanzar hacia el juicio o si la causa debía tomar otra dirección procesal. La Fiscalía esperaba presentar su teoría del caso, detallar los elementos de convicción obtenidos durante la investigación, solicitar la admisión de pruebas y formalizar el pedido de llamamiento a juicio para los nueve investigados por presunta asociación ilícita.
