INVESTIGACIÓN
La mañana del jueves 4 de diciembre de 2025 podría marcar un giro decisivo en un caso que ha captado la atención de los operadores de justicia en Chimborazo. La Presidencia de la Corte Provincial convocó la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, una diligencia que definirá si el proceso contra nueve investigados por presunta asociación ilícita avanza hacia la etapa de juicio.
La convocatoria emitida el 25 de noviembre y firmada por la presidenta de la Corte, Beatriz Eulalia Arellano Barriga llegó después de una serie de insistentes pedidos procesales que buscaban destrabar el expediente 06100-2025-00001G. Entre ellos, escritos de Ramiro Alonso Vallejo Mancero y Jhon Henry Vinueza Salinas, así como la solicitud del procesado Rafael Teodoro Quito Pilataxi, quien pidió la prosecución del trámite.
A estos requerimientos se sumó el oficio del fiscal provincial de Fuero 1, Galo Alexander Romero Torres, que solicitó fijar día y hora para retomar la sustanciación de la causa. Con todos estos elementos en el expediente, la Presidencia decidió finalmente agendar la audiencia para el 4 de diciembre, a las 09h30, en el auditorio de la Corte Provincial, ubicado en la Primera Constituyente y Pichincha, en Riobamba. El llamado judicial involucra a nueve personas, entre ellas figuras políticas reconocidas en la ciudad, así como exfuncionarios y actores locales vinculados a distintos ámbitos públicos y privados. Todos forman parte de la investigación por el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según la convocatoria realizada por la Corte Provincial, los investigados deberán comparecer a la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, una de las etapas más determinantes del proceso penal. En esta sesión, la Fiscalía presentará su teoría del caso, expondrá los elementos recabados durante la investigación y solicitará la admisión de pruebas que buscará utilizar en un eventual juicio. Durante esta diligencia, las defensas podrán objetar, contradecir o plantear nulidades, mientras el tribunal evaluará si el proceso ha cumplido las garantías constitucionales y si existe sustento suficiente para elevar la causa a juicio.
Solo después de este análisis, los jueces decidirán si el expediente continúa hacia la fase de juzgamiento o si se dispone otra resolución. La audiencia será oral, pública, lo que significa que tanto la Fiscalía como las defensas expondrán sus argumentos ante el tribunal y que el público podrá asistir en los espacios permitidos. Con este llamado, el caso entra en una fase crucial.
Dado el número de procesados y el interés que despierta el caso, la Corte dispuso que la Secretaría oficie al Comando de Policía de la Subzona Chimborazo No. 6 para que se organice un resguardo especial durante la diligencia. Las autoridades buscan garantizar el orden, la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del acto judicial.
