VIOLENCIA
El día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres llegó a Ecuador sumido en una ola de crímenes extremos. El femicidio de la universitaria Alison Altamirano, en Tungurahua, volvió a evidenciar patrones de brutalidad nunca antes registrados. El 2025 cierra su penúltimo mes con una cifra que hiela la sangre y desnuda la grieta social más profunda del Ecuador: 349 femicidios cometidos entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios.
La estadística no solo estremece: revela un patrón que se ha consolidado de manera sistemática en los últimos años. El 78% de estos crímenes se perpetraron con armas de fuego, una cifra que refleja cómo las economías criminales han permeado barrios, comunidades, fronteras e incluso vínculos familiares. En este escenario, las mujeres se han convertido en cuerpos expuestos, vulnerables y desechables, instrumentalizados por estructuras armadas que las utilizan como mensaje, botín o represalia dentro de sus propias lógicas de control.
El reporte, difundido este 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, advierte que los grupos delictivos operan como “corporaciones de poder”, retomando los planteamientos de la antropóloga Rita Segato: organizaciones que se apropian de los cuerpos femeninos como una forma de demostrar dominio y reafirmar jerarquías. “Los asesinatos de mujeres y niñas en estos contextos deben entenderse como crímenes corporativos, asociados a sistemas armados que incorporan niveles adicionales de saña y misoginia”, señala el informe, subrayando una evolución inquietante en la naturaleza del femicidio en Ecuador.
La Alianza contextualiza que los femicidios en el país atraviesan una transformación profunda: han dejado de ser hechos circunscritos al ámbito íntimo o doméstico para convertirse en ejecuciones planificadas que buscan exhibir poder, marcar territorio y ejercer control social. Esta transición ha dado paso a formas de violencia extrema que incluyen violaciones con resultado de muerte, mutilaciones, desmembramientos, exposición pública de los cuerpos, asesinatos ocurridos en contextos de secuestro, pandillas o disputas territoriales, así como crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres trans. En muchos casos, el cuerpo de la víctima es abandonado deliberadamente en la vía pública como mensaje de terror y hegemonía criminal.
El informe también recuerda un aspecto fundamental que suele diluirse en las cifras: las familias no son víctimas colaterales; son víctimas directas, especialmente los hijos e hijas que quedan en situación de orfandad y que enfrentarán las consecuencias emocionales, económicas y sociales del crimen durante toda la vida. Ante el incremento de esta violencia extrema contra mujeres y niñas, diversas organizaciones feministas plantean una hoja de ruta urgente. Entre sus principales demandas están la declaratoria de una emergencia nacional por violencia machista, el fortalecimiento de la atención integral para familias víctimas, la reforma y profesionalización de los protocolos de investigación con enfoque de género, la depuración de instituciones permeadas por economías criminales y la construcción de políticas públicas preventivas que actúen antes del crimen, no únicamente en la respuesta posterior.
El 2025 avanza hacia su cierre, pero las cifras confirman que la violencia contra las mujeres no desacelera. Cada caso registrado representa una vida interrumpida, una familia devastada y una comunidad marcada por la impunidad. Ecuador enfrenta un escenario crítico que no se resolverá mientras persistan estructuras criminales que utilizan los cuerpos de las mujeres como territorio de dominio y mientras la sociedad continúe normalizando prácticas de violencia que deberían ser inaceptables.
En Tena, su ciudad natal, el cuerpo de Alison fue recibido en medio de exigencias claras de justicia y de respuestas institucionales. Su familia insistió en que el caso se investigue a fondo y que todos los responsables enfrenten las sanciones correspondientes. El femicidio de la joven ocurrió en la antesala del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y su nombre se suma a una larga lista de víctimas que evidencian una crisis estructural.
El femicidio de Alison Altamirano
El crimen que volvió a encender las alarmas ocurrió el 23 de noviembre en Cevallos, Tungurahua. Alison Juliana Altamirano, estudiante de 23 años, originaria del Tena, fue hallada sin vida debajo de un colchón, con signos de violencia extrema.
La joven había viajado a ese cantón para reunirse con cuatro hombres presuntos amigos que hoy enfrentan prisión preventiva acusados de femicidio: Johan V., Steven D., Anderson V. y Ronald G., de entre 18 y 25 años. A las 03H30, una alerta llegó al ECU 911. La propietaria de la casa y madre de uno de los sospechosos pidió ayuda luego de que su hijo le confesara que “había hecho algo malo”. Cuando los agentes de la Dinased llegaron al inmueble, encontraron a uno de los jóvenes dormido sobre un colchón, y bajo este, el cuerpo de Alison.
La escena mostraba rastros de limpieza reciente: un balde, un trapeador, prendas de ropa con manchas de sangre, botellas de licor, residuos de drogas y dos armas contundentes. Según Fiscalía, en la vivienda se consumió alcohol, cocaína y éxtasis. La autopsia determinó que Alison murió por asfixia mecánica. Las pericias sustentan que, tras quedarse dormida, los procesados habrían intentado agredirla sexualmente, la asfixiaron y luego intentaron desmembrar parcialmente el cuerpo. El padre de la joven, devastado, lo confirmó: “Le cortaron el cuello y el brazo… Mi hija jamás se metió en problemas. Solo vino a estudiar, para ser alguien en la vida”, declaró entre lágrimas. La Fiscalía sostiene que uno de los implicados insistió para que Alison viajara a Cevallos y que incluso gestionó el taxi que la llevó hasta el lugar.
Si se ratifican los agravantes, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 34 años de cárcel. A la tragedia de Alison se suman otras 348 historias con características semejantes: saña, desprecio, misoginia y una justicia que avanza con lentitud. La Alianza feminista advierte que mientras el machismo se naturaliza en espacios familiares, comunitarios, laborales o políticos, los niveles de crueldad se vuelven cotidianos. El país también enfrenta otro dato crítico: 40 de las víctimas registradas en 2025 son niñas o adolescentes. La menor tenía 11 años; la mayor, 83.
