DESTITUCIÓN
La provincia de Chimborazo vuelve a estar bajo la lupa judicial. El Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de la jueza L. M. G. A., funcionaria de la Corte Provincial, luego de comprobar su implicación en un entramado de corrupción que operaba desde el interior del sistema judicial y comprometía la credibilidad de los fallos emitidos.
La decisión se adoptó durante la sesión extraordinaria N.º 102-2025, realizada el 7 de noviembre, tras una investigación interna que reveló graves irregularidades en el manejo de causas, manipulación de documentos y la intervención de personas ajenas a la Función Judicial. De acuerdo con el informe presentado ante el CJ, la jueza permitía que dos abogados en libre ejercicio sin vínculo laboral con la institución elaboraran sentencias y proyectos de fallo para favorecer a determinadas partes procesales.
Ambos se hacían pasar por auxiliares judiciales y trabajaban bajo sus órdenes directas. Las investigaciones determinaron que estos abogados tenían en su poder expedientes físicos incluso fuera del edificio judicial, lo que les permitía alterar documentos y manejar información reservada. También poseían las claves de acceso al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (E-SATJE) y al drive interno donde se redactaban las resoluciones.
Una fuente vinculada a la investigación calificó el hecho como “una operación sistemática que buscaba lucrar de la administración de justicia”. El Consejo de la Judicatura concluyó que la conducta de la jueza constituye una falta gravísima, sancionada por el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, al vulnerar los principios de imparcialidad y probidad que rigen el servicio público judicial. “Estas prácticas atentan contra la confianza ciudadana y lesionan la credibilidad del sistema judicial. La ética y la transparencia deben ser pilares inquebrantables en el ejercicio de la función jurisdiccional”, señaló el organismo en su resolución.
Durante la misma sesión, el CJ también destituyó a A. G. S. T., jueza de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga, quien liberó indebidamente a un sentenciado por robo antes de cumplir su condena de seis años y ocho meses. El privado de libertad fue posteriormente recapturado para completar la pena.
