Por: Alfonso Espín
En estos días la opinión pública tiene como temática el cambio de la Constitución de Montecristi, o el mantenimiento de la misma, pero está presente en la ciudadanía como una circunstancia política y no con los fundamentos con los que debe analizarse.
Los grupos políticos se apuntan ante el CNE para apoyarla o negarla, en muchos casos con total irresponsabilidad, utilizando los términos sin el conocimiento ni el rigor debido, cuanto sus tendencias ideológicas y peor todavía sus intereses, en ocasiones muy oscuros.
La Constitución de 2008 es parte de la doctrina neo constitucionalista, que otorga a los jueces un poder grandioso, dejando a las normas escritas supeditadas a principios que en el caso Europeo, donde nació después de la Segunda Guerra Mundial, trató de subsanar la barbarie, con ideas fundamentales, ante incapacidad de las normas vigentes, para así condenar crímenes como los del holocausto.
Pero en América Latina, el neo constitucionalismo fue tergiversado y asumido como una conquista en la lucha de los progresismos y concretamente de una izquierda que se había debilitado y pintaba poco en los panoramas políticos de la época, porque las circunstancias económicas y sociales de los años cincuenta y sesenta tenían otro cariz y la lucha guerrillera se había prostituido, abandonando lo doctrinario y detrás de los narcoterrorismos.
Así, el neo constitucionalismo surgió para resucitar a un socialismo cadavérico y apareció en Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador, países que en los últimos tiempos caminan por similares sendas ideológicas, y se generaron cartas magnas que propician despropósitos, como un poder supremo a lo que en unos se llama tribunal y en otros Corte Constitucional, organismos que han usado su poder como un método de impunidad para el delito gubernamental y aun para las estructuras del crimen organizado.
Con esta especie de “neo ideología” se entregó una Constitución en 2008 que dice es una “carta de derechos al pueblo”, pero que a ese nombre ha roto la nacionalidad del país con figuras como la plurinacionalidad, destruyendo la cohesión nacional y dejando a recaudo del instinto y arbitrariedad de cada cultura la sanción ante el delito.
El poder supremo de la justicia, a través de esta Constitución de Montecristi se ha puesto en las manos de los magistrados constitucionalistas y no de las leyes vigentes, olvidando que hoy los grupos narco criminales habitan y actúan paralelamente en nuestros países latinoamericanos, generando las agendas nacionales, filtrándose en los movimientos sociales y en las instituciones públicas y hasta financiando a los políticos en sus campañas electorales.
Es necesario retomar el sentido de una república amparada en la legalidad y la razón, devolviendo a los ecuatorianos la vida a un Estado de derecho real, que se sostenga en las normas vigentes establecidas y no en la arbitrariedad de jueces que están más allá del bien y el mal.
Es hora de generar una Constitución que unifique a la nación y establezca compromisos legales y actuaciones iguales para todos los habitantes del país, al margen de los criterios pluriculturales y lo que es peor, que no se convierta en una declaración de acuerdos e impunidad que favorezca a las organizaciones criminales, sino en un verdadero parámetro para la consecución de una ética cívica en las actuaciones de todos los nacionales, sin distingo alguno.
