Extorsionadores condenados a trece años de cárcel en Cumandá

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El Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo ha dictado sentencia en un caso de extorsión y amenazas ocurrido en el cantón Cumandá.

Trece años y cuatro meses de prisión a tres extorsionadores en Cumandá, además de multas y reparación económica a la víctima.

Tres hombres fueron condenados a una pena de trece años y cuatro meses de prisión por intentar extorsionar a un empresario local, haciéndose pasar por integrantes de una organización criminal.

Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán abonar una multa equivalente a ochenta salarios básicos unificados y una indemnización de USD 3.000 dólares cada uno, como parte de la reparación integral a la víctima. La Fiscalía logró demostrar que los procesados actuaron de manera coordinada para someter a la víctima a una serie de intimidaciones.

En septiembre de 2024, el empresario comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en los que se le exigía la suma de 25.000 dólares a cambio de garantizar su seguridad y la de sus empleados. Esta amenaza no solo fue verbal: en la madrugada del 4 al 5 de septiembre, desconocidos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra los negocios del empresario en Cumandá, lo que obligó a la víctima a entablar una negociación con los extorsionadores bajo la asesoría de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).

El acuerdo para la entrega del dinero se concretó en el sector Valle Alto, donde los implicados recibieron el sobre con la suma acordada y huyeron rápidamente en motocicleta. No obstante, la acción de la policía fue inmediata, iniciándose una persecución. Durante la huida, uno de ellos intentó disparar contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lograron neutralizarlo tras dispararle en una pierna. Dos sujetos fueron arrestados en flagrancia, mientras que otro fue detenido a pocos metros del lugar, donde se le incautó un arma de fuego calibre .38.

El proceso judicial incluyó la presentación del testimonio anticipado de la víctima, así como pericias en audio y video, y los testimonios de los agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) que intervinieron en el operativo. Con base en estas pruebas, la Fiscalía logró que el Tribunal impusiera la pena máxima agravada por extorsión, conforme al artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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