La pena por asesinato le redujeron por haber colaborado en todo el proceso de investigación.

Gloria Emperatriz U. A. pasará privada de su libertad durante 14 años ocho meses, pues fue sentenciada como culpable de asesinato. Atacó a su esposo por la espalda y le propinó siete golpes mortales en la cabeza con la base de un azadón. Juan de Dios A. A. murió en el patio de la casa, la mañana del 6 de junio de 2019.

Horas antes del asesinato, la víctima habría atacado verbalmente la reputación de su esposa por haber subido fotos a una red social. También la habría amenazado con desfigurarle el rostro y vender los bienes para marcharse con su amante.

Al terminar la discusión, cuando Juan de Dios A. A. cepillaba sus dientes en el patio de la casa, su esposa le quitó la vida y arrojó la herramienta a un kilómetro de distancia de la casa.

Al llegar la Policía a la escena del crimen, Gloria Emperatriz U. A. se declaró autora confesa de la infracción penal, reveló la ubicación del azadón a los agentes y fue aprehendida.

Esta teoría del caso fue demostrada por el fiscal especializado en Personas y Garantías de Pichincha Alejandro Alemán, en audiencia de juzgamiento llevada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, el 1 de junio de 2020.

Fueron cerca de 16 pruebas las que sustentaron el caso presentado por la Fiscalía, entre testimonios de testigos presenciales (los hijos de la pareja), policías aprehensores, de reconocimiento del lugar de los hechos, peritos en psicología, toxicología, genética forense, entre otros.

El Tribunal Penal, en su resolución unánime en cuanto a la pena aminorada de privación de libertad por el delito de asesinato, consideró las circunstancias atenuantes del artículo 45, numerales 5 y 6 del Código Orgánico Integral Penal: “Presentarse de forma voluntaria ante las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u ocultamiento” y
“Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción”, por lo que
redujeron la pena a catorce años ocho meses de prisión.

La procesada también deberá cancelar 800 salarios básicos unificados a la administración de
justicia y entregar una reparación integral de 5.000 dólares a la familia de su esposo, según
ordenan los jueces en su fallo condenatorio.

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